Las tres dimensiones del escándalo en la quinta de Olivos

14.08.2021       09:25|OPINIÓN | El gobierno deberá analizar el impacto electoral, el jurídico y el político. Parte del kirchnerismo duro está aprovechando la crisis para debilitar aún más la figura presidencial.

Las fotos de la celebración en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez provocaron un cimbronazo en la agenda pública. El foco de atención está puesto en este escándalo y sus eventuales consecuencias. Las pocas palabras que el presidente Fernández le dedicó ayer a este asunto de ninguna manera disiparon el malestar provocado. El presidente comenzó excusándose en el hecho de que a la Quinta de Olivos concurría mucha gente, continuó remarcando que respondieron inmediatamente a los pedidos de información (como si esto representará un mérito) y terminó ratificando lo que Aníbal Fernández había preanunciado: la culpa la tuvo Fabiola por organizar la celebración. También dijo que lo lamentaba y aseguró que no volverá a ocurrir, de todas formas, el daño ya está hecho.

En principio, existen tres planos para analizar de este escándalo. La primera dimensión es la electoral. Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones, porque en gran parte dependerá de cómo evolucione la percepción de la opinión pública, pero el temor del gobierno es que el desgaste generado alcance incluso al votante fiel al kirchnerismo.

Otros episodios similares del pasado fortalecieron los núcleos duros de ambos lados de la grieta, pero las circunstancias esta vez son extraordinarias, por lo que los efectos podrían ser distintos. Durante esta pandemia, y más aún en el segundo semestre de 2020 (cuando se celebraba el cumpleaños de Fabiola en Olivos), todos los argentinos debieron soportar pérdidas familiares y traumas económicos, precisamente por las medidas extremas que el propio presidente dispuso. En términos cuantitativos quizás el impacto no sea electoralmente relevante, pero cualitativamente seguramente lo será y el descredito de la figura presidencial podría incluir a los votantes del kirchnerismo.

La segunda dimensión es la jurídica. Como suele ocurrir en Argentina, hay dudas respecto a la intención que tendrá la justicia de avanzar con la investigación en curso. Si efectivamente la causa avanza antes de las elecciones, y surgen nuevas pruebas o pedidos de declaración a los involucrados, la dimensión jurídica podría impactar con fuerza sobre la electoral. Ayer, Alberto Fernández ni siquiera se refirió a esta cuestión, olvidándose por completo que más allá de un error inocente por parte de Fabiola, todos los presentes incumplieron la ley.

De las tres dimensiones la más interesante es la política. El primer efecto es el pedido de juicio político por parte de la oposición. Es esperable que dicha iniciática no prospere, ya que la oposición no cuenta con los dos tercios en la Cámara de Diputados, necesarios para avanzar con este mecanismo. Sin embargo, está claro que los mandatarios preferirían ni siquiera estar vinculados a este tipo de acusaciones: la mera referencia a un “juicio político” es desafortunada para cualquier presidente. El último antecedente es del 2017, cuando el Frente para la Victoria pidió el juicio político a Macri por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. En aquel momento el kirchnerismo, que tampoco contaba con los votos necesarios en Diputados, decidió de todas formas avanzar con la iniciativa, probablemente identificando que podría capitalizarse políticamente. Ahora sucede lo mismo.

De todas formas, no solamente es la oposición la que (cumpliendo su rol natural) cuestiona el comportamiento desafortunado del presidente, también lo están haciendo muchos sectores dentro del propio Frente de Todos. Parte del kirchnerismo duro, identificando una ventana de oportunidad política, pero muchos también con una indignación genuina por el hecho en sí, están aprovechando este escándalo para debilitar aún más la figura presidencial.

En otros desaciertos de la gestión se vincularon cuestiones ideológicas, carencias respecto a las capacidades técnicas de los equipos o errores de diagnóstico, pero en este caso en particular no hay ningún elemento que sirva para justificarlo o al menos atenuarlo: es una cuestión estrictamente legal y, principalmente, ética. El gobierno continúa acumulando escándalos en el delicado escenario de la pandemia, pero esta vez, a diferencia de lo ocurrido con el vacunatorio VIP, en donde la culpa se disipó a través de la renuncia de Ginés González García, el protagonista fue el propio presidente, por lo que será difícil desviar las acusaciones hacia otra figura. Las fotos son elocuentes y hablan por sí solas, el incumplimiento de la norma sancionada por el propio Presidente es incuestionable.